Explora las últimas innovaciones que la «Ley de Protección de los Informantes»(Ley 2/2023), esta normativa introduce nuevas responsabilidades para numerosas empresas. Uno de los puntos destacados es la obligatoriedad del llamado canal de denuncias.
A través de este canal y otros métodos, la legislación busca combatir la corrupción y las prácticas irregulares, tanto dentro como fuera de la organización. Para los emprendedores, esto implica un esfuerzo adicional, pero también puede considerarse como un conjunto de herramientas de control diseñadas para prevenir comportamientos no éticos y fomentar una competencia más justa en el mundo empresarial. Descubre cómo estos cambios pueden impulsar la integridad y la equidad en tu negocio.
Personas protegidas
La Ley de Protección de los Informantes tiene como objetivo evitar que los informantes sean objeto de represalias. En su artículo 36, menciona algunas de estas represalias, aunque de manera no exhaustiva. Es posible que existan otras formas de represalia. Lo esencial es que el informante no sea tratado de manera desfavorable simplemente por haber denunciado irregularidades. Con este propósito, establece dos niveles de protección.
- El primero abarca a los informantes en sí, que son aquellas personas que han tenido conocimiento de irregularidades en el ámbito laboral o profesional de la empresa. Este grupo incluye a trabajadores, proveedores, autónomos que prestan servicios, colaboradores de diversos tipos, directivos, entre otros.
- El segundo nivel se extiende a personas físicas o jurídicas que mantengan algún tipo de vínculo con el informante. Esto implica que su familia, compañeros de trabajo, la empresa para la que trabaja, y otras conexiones no deben ser objeto de represalias.
Informaciones que ampara la Ley de Protección de los Informantes
La reciente salvaguarda del denunciante abarca la revelación de datos relacionados con tres categorías de acciones u omisiones:
- Aquellas que pudieran contravenir ciertas normativas comunitarias, incluyendo aquellas vinculadas a la competencia y la tributación de sociedades, entre otras.
- Las que pudieran ser constitutivas de delitos penales.
- Aquellas que pudieran constituir infracciones administrativas de gravedad significativa o extrema, las cuales están especificadas en diversas leyes a nivel estatal o autonómico, abarcando áreas tributarias, laborales, ambientales, de consumo, entre otras.
El canal de denuncias en la empresa
Las personas naturales o jurídicas que tengan una plantilla superior a 50 empleados deben contar con un sistema interno de información. Para numerosas entidades, la fecha límite fue el 13 de junio de 2023. No obstante, las empresas de tamaño medio con entre 50 y 249 empleados tienen la posibilidad de extender este plazo hasta el 1 de diciembre de 2023. En cualquier caso, al referirnos al canal de denuncias, lo estamos haciendo de manera simbólica. Esto no implica la necesidad de instalar un receptáculo en la entrada del lugar de trabajo, pero sí es necesario contar con uno o varios canales internos que cumplan con ciertas especificaciones:
- El canal interno debe posibilitar la comunicación tanto verbal (llamadas telefónicas o mensajes de voz) como escrita (correo postal o medios electrónicos).
- Asimismo, debe permitir que la presentación y procesamiento de las comunicaciones se realicen de manera anónima.
- En caso de que la persona informante lo desee, podrá solicitar una reunión presencial para proporcionar la información.
- Las comunicaciones verbales pueden ser documentadas de dos maneras alternativas: Una es una grabación en un formato seguro, duradero y accesible o una transcripción íntegra y precisa de la conversación realizada por el personal encargado de gestionarla. En este caso, la persona informante podrá verificar, corregir y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación.
- Cuando se realice la grabación de una comunicación, se deberá informar a la persona informante y se le indicará que sus datos serán tratados de acuerdo con la normativa vigente. También se le deberá explicar la existencia de canales externos.
- La persona informante podrá proporcionar un domicilio, dirección de correo electrónico o lugar seguro para recibir las notificaciones.
Las sanciones de la Ley de Protección de Informantes
El contenido de esta disposición contempla diversas categorías de transgresiones y penalidades, vinculadas con cuestiones como represalias o el quebrantamiento de las pautas establecidas, entre otros aspectos. Las multas pueden alcanzar hasta los 300 000 euros en el caso de individuos y un millón de euros en situaciones más críticas para entidades jurídicas. Además, la entidad que incumple podría ser objeto de advertencias, así como de la pérdida de subvenciones y contratos gubernamentales.
En todo evento, lo primordial no es solo asegurar el cumplimiento de las normativas, sino también mejorar los mecanismos internos de control. Los empresarios deben tener una perspectiva lo más exhaustiva posible para prevenir posibles irregularidades por parte de los empleados bajo su supervisión. Asimismo, ten presente que desde Advantys te brindamos apoyo para adaptarte a la normativa mediante un canal de denuncias atractivo, fácil de administrar a través de la web o una aplicación, y de rápida implementación.
